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    Capturan a presunto asesino de dirigente puneña Sara Calla: se oponía a locales nocturnos en Juliaca

    Isrrael Levi Mejía Guevara es, para la Policía y Fiscalía, el responsable del crimen de Sara Adela Calla. El crimen se perpetró el 17 de junio de 2024.

    Puno. Crimen de la dirigente Sara Calla podría esclarecerse. Foto: composición LR/Claudia Beltrán/PNP

    Puno. La Policía Nacional está a poco de esclarecer el asesinato de Sara Adela Calla Chejje, profesora y dirigente del barrio Villa Hermosa del Misti de la ciudad de Juliaca. A casi cinco meses de haberse perpetrado el crimen, el 17 de junio de 2024, la Policía detuvo a Isrrael Levi Mejía Guevara, al ser el presunto responsable del asesinato de la líder que se oponía a locales nocturnos clandestinos en la ciudad calcetera.

    Levi Mejía fue capturado la noche del viernes 8 de noviembre en la ciudad de Cusco en el interior de una barbería, donde supuestamente trabajaba para pasar desapercibido. Aunque los representantes del establecimiento negaron que tenga algún vínculo con el negocio.

    Los agentes de Inteligencia seguían los pasos por varias regiones del sur del país. No abordaba buses, sino que viajaba en colectivos de pueblo en pueblo.

    Según el fiscal Edgar Rafael Machaca Mamani, quien tiene a su cargo el caso, existen evidencias que incriminan a Isrrael Levi Mejía con la muerte de la dirigente. La orden de detención preliminar la dispuso el juez Santos Llanos Quispe.

    La víctima, la madrugada del lunes 17 de junio, recibió un impacto de bala a la altura del rostro cuando se disponía a viajar al distrito fronterizo de Desaguadero, mientras estaba a bordo de un vehículo en el frontis de su vivienda, en la avenida Circunvalación. Su esposo Luis Alberto Calla Apaza, fue testigo de su asesinato.

    Sara Calla era amenazada de muerte en Juliaca

    Luego del crimen, familiares y otros dirigentes de Juliaca, denunciaron que Sara Calla, poco antes de su asesinato, de acuerdo a un documento presentado el 2 de abril del 2024 a la Subprefectura Provincial de San Román, pedía garantías personales tras recibir amenazas de muerte, así como intento de sobornos y extorsión de los representantes de cantinas y discotecas clandestinas. La misma situación padecían otras siete personas.

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