En la ciudad de Chiclayo, en la avenida Bolognesi, entre las calles José Leonardo Ortiz y Luis Gonzales, diversos negocios están perjudicados debido a la obra de renovación del colector Bolognesi que debe durar 180 días y podría extenderse por más tiempo. La situación más crítica la viven los comerciantes, situados entre Luis Gonzales y Miguel Grau, pues esta situación ha generado la disminución de sus ganancias desde junio de 2023, impidiendo que puedan atraer clientes y están en riesgo de quiebra.
Juan Carlos Calderón Hernández, propietario de un carwash, denunció que las ganancias de su negocio han bajado de un 60 a 80%. Si la situación se extienda hasta fin de año, Calderón advierte que habrá un millón de pérdidas económicas. “Nos dijeron que los trabajos en este primer tramo durarían solos dos meses, desde junio. Pero ya vamos a llegar a octubre y no concluyen los trabajos en este tramo. No hay ningún avance. Los obreros son muy pocos, no se ve una intervención rápida. La maquinaria por ratos se detiene y no hay labores”, argumentó ante este diario.
La referida obra es ejecutada por el consorcio Aguas Negras y tiene a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) como unidad ejecutora. Está valorizada en más de 10 millones de soles. Además del cambio de colector, se ha planificado la construcción de 48 buzones nuevos y renovación de 121 conexiones domiciliarias.
En el tramo entre Grau y Luis Gonzales, este diario constató ayer que solo dos obreros hacían trabajos de conexiones domiciliarias en presencia del ingeniero residente y el supervisor. De igual forma, la instalación de tuberías y buzones también se realizaba con poco personal. Daniel Ebaristo, administrador de una clínica, evalúa cerrar su negocio por la restricción de acceso en las avenidas Grau y Bolognesi.
Sostiene que, hasta el momento, 10 personas se quedaron sin un puesto de trabajo por la disminución de ingresos. Otros perjudicados son tres empresas de transporte interprovincial, estacionamientos privados, bodegas y restaurantes de los residentes de esta zona. “Se estima que hay una pérdida total de 750 soles mensuales en los ingresos, pues muchos clientes ya no vienen», comentó Carlos Larios, propietario de una botica de la zona. Los negociantes entrevistados por este diario coincidieron en que la Contraloría General y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) deben intervenir por los retrasos.
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