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Política

Condenan a «Chacal» a 13 años de prisión por violaciones a DDHH en Ayacucho

Santiago Picón Pesantes fue jefe de la Base militar de Totos en 1983. Ordenó la ejecución extrajudicial, desaparición forzada y violaciones sexuales de cerca de medio centenar de personas.

El 'Chacal'. Condenaron a Santiago Picón Pesantes a 13 años por violaciones a derechos humanos en la base de Totos. Foto: difusión

A 13 años de prisión fue condenado como autor mediato quien en 1983 fue jefe de la Base de Totos, Ayacucho, el capitán (r) Santiago Picón Pesantes, conocido como «Chacal», por el homicidio calificado, desaparición forzada, lesiones graves, secuestro y violación sexual de 49 personas detenidas como parte de la lucha contrasubversiva. La Sala calificó los crímenes como delitos contra la humanidad.

La Fiscalía solicitó para él 25 años de prisión, pero el oficial del Ejército obtuvo una pena menor al acogerse a la conclusión anticipada, aceptando todos los cargos y señalando estar arrepentido.

PUEDES VER: A 20 años del informe CVR: testimonios de los años de la violencia y el terror

Las víctimas de Picón Pesantes fueron detenidas entre abril y mayo de 1983 por personal militar bajo su mando en diferentes comunidades de Sillaccasa, Chuschi; Ccarpaccasa, y Sancaypata, en Totos; y Quispillacta, entre otras.

Sus crímenes fueron denunciados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 2003 e investigados a nivel judicial. El juicio oral recién se pudo iniciar este año porque Picón Pesantes estuvo prófugo hasta abril de 2022, en que fue detenido en Trujillo.

La Sala, presidida por la jueza Miluska Cano, determinó que sin ninguna prueba los militares detuvieron a los pobladores asumiendo que pertenecían o eran simpatizantes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Por ello, como una medida de que se restablezca la reputación de los afectados, dispuso que se publique la sentencia y se señale que ninguna de las víctimas tenía relación con el terrorismo. Además, ordenó que Picón Pesantes les pida disculpas públicas.

El colegiado ordenó también medidas de atención integral y adecuadas como víctimas del conflicto armado interno, así como reparaciones económicas para los familiares de los pobladores asesinados y desaparecidos. Asimismo, instó a que los organismos del Estado pertinentes busquen a las personas desaparecidas.

Los abogados de la Asociación Paz y Esperanza, Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y Comisión Episcopal de Acción Social (Ceas), que representan a familiares de las víctimas se mostraron conformes con la sentencia. En un comunicado destacaron que establezca nuevos parámetros en las reparaciones integrales.

Germán Vargas, abogado de Paz y Esperanza, señaló que ellos han pasado 40 años pidiendo justicia, y de alguna manera este fallo implica un reconocimiento de su inocencia. «Hay sentimientos encontrados, no hay una justicia a plenitud pero es un fallo que siente un precedente muy importante. Además, es la primera vez que un jefe de una base militar asume todos los cargos y por la conclusión anticipada que pidió está dispuesto a pedir disculpas a los familiares de las víctimas», remarcó.

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