La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se instaló este lunes y eligió a los congresistas delegados a cargo de elaborar los informaes finales de las denuncias constitucionales por concusión contra los parlamentarios que habrían recortado el sueldo a los trabajadores de sus despachos.
En total, hubo designaciones para cuatro congresistas denunciados: Heydi Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso) y María Acuña (Alianza Para el Progreso).
En principio, la Subcomisión había encargado al congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) el caso de su colega Heydi Juárez. Sin embargo, Montalvo no quiso asumir este encargo bajo la excusa de que se encontraba cargado laboralmente. Debido a ello, la parlamentario de APP, Edith Julón, tomó el caso de Juárez.
El vocero de Fuerza Popular (FP), Arturo Alegría, en tanto, fue designado como delegado en la denuncia contra la legisladora Katy Ugarte. Otro fujimorista que llevará un caso de recorte de sueldo es Juan Carlos Lizarzaburu, quien deberá de elaborar el informe en la acusación constitucional contra su colega de APP, María Acuña.
Por su parte, la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, asumió como ponente de la denuncia contra la legisladora Ruiz.
En la agenda de la Subcomisión estuvo previsto también designar al ponente en la denuncia contra la congresista de APP, Rosio Torres. Fuentes del Congreso informaron que se evaluó delegar ese caso a la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pero que la fujimorista no aceptó. Debido a ello, la acusación contra Torres quedó sin nadie a cargo. Eso retrasa el proceso.
Los congresistas delegados son quienes elaboran el informe final de una denuncia constitucional para recomendar porque delitos acusar a los imputados y qué sanciones imponerles. En el caso de los «mocha sueldos», les sindica por concusión. Depende de los ponentes, en parte, que estos casos no queden impunes.