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    ¿Gobierno aumentó salario al sector público pero ahora busca truncar medida?: beneficiarios, montos y obstáculos

    Sindicatos advierten que Gobierno busca implementar restricciones al aumento salarial, los cuales vulneran derechos adquiridos, ya que serían inconstitucionales, según fallos del Tribunal Constitucional.

    El aumento de sueldo para empleados del sector público se aplicaría desde enero de 2025. Foto: composición LR/Andina/Freepik

    En respuesta a la situación económica, el Gobierno peruano aprobó un incremento salarial para el sector público, que beneficiaría a más de un millón de trabajadores. No obstante, esta medida enfrenta serios obstáculos debido a las recientes disposiciones del Ejecutivo, que buscan limitar la negociación colectiva descentralizada, afectando a miles de personas que laboran en entidades públicas.

    Las medidas aprobadas han generado tanto expectativas como preocupaciones, ya que, si bien hay acuerdos pactados para el incremento, estos quedarían anulados con los nuevos candados que busca poner el Gobierno. A continuación, te explicamos quiénes serían los beneficiarios, el monto del aumento y los desafíos que enfrenta esta medida.

    ¿A qué trabajadores públicos se planea subir el sueldo?

    El aumento salarial aprobado por el Gobierno peruano beneficiaría a un amplio espectro de empleados del sector público. Entre ellos se incluyen los trabajadores bajo los regímenes laborales 276 y 728, aquellos adscritos al servicio civil y otros pertenecientes a carreras especiales, como los empleados penitenciarios y diplomáticos.

    Asimismo, los trabajadores bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) también se beneficiarían de este incremento. En total, más de un millón de trabajadores públicos recibirán el aumento de sueldo, lo que representa un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de quienes trabajan en el aparato estatal.

    Aumento salarial: ¿cuál es el monto que se incrementaría?

    El aumento de sueldo aprobado es de S/ 100 mensuales, que se aplicaría de manera uniforme a todos los regímenes mencionados. Este incremento salarial busca brindar un alivio económico a los trabajadores públicos, quienes han visto afectados sus ingresos debido a las difíciles condiciones económicas. Además del aumento mensual, el Gobierno ha establecido un bono único de S/ 200, que sería entregado en enero de 2025, sumándose a los salarios de los beneficiarios como una medida complementaria de apoyo.

    ¿Desde cuándo los trabajadores recibirían este incremento en su sueldo?

    El aumento de sueldo para los empleados del sector público comenzaría a aplicarse a partir de enero de 2025. Tanto el incremento mensual de S/ 100 como el bono único de S/ 200 serían entregados ese mismo mes. Las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos que representan a los trabajadores públicos culminaron en este acuerdo, el cual se planea implementar de manera uniforme en todos los regímenes incluidos.

    Este plazo fue establecido con la finalidad de asegurar una correcta planificación y ejecución. Sin embargo, la situación podría cambiar si las medidas propuestas por el Gobierno logran limitar las futuras negociaciones colectivas descentralizadas.

    Aumento salarial corre peligro: ¿cuáles son los obstáculos que buscan frenar la medida?

    A pesar de la aprobación del aumento salarial para el sector público, la Ley de Créditos Suplementarios (N.º 32103) y la propuesta incluida en la Ley de Presupuesto Público de 2025 buscan limitar las negociaciones colectivas descentralizadas. Estas disposiciones prohíben la negociación de mejoras económicas en más de 2.550 entidades públicas, incluidas municipalidades, universidades, ministerios y otras instituciones.

    Este intento del Ejecutivo de restringir las negociaciones ha generado una fuerte reacción por parte de sindicatos y organizaciones laborales, que consideran que estas medidas vulneran los derechos adquiridos por los trabajadores tras décadas de lucha.

    El Tribunal Constitucional ya había señalado en el pasado que prohibir las negociaciones colectivas en temas económicos sería inconstitucional, lo que abre la puerta a posibles disputas legales si el Gobierno insiste en aplicar estas restricciones. Según expertos, como el exviceministro Fernando Cuadros Luque, la medida del Ejecutivo contradice fallos previos y podría desvirtuar el proceso de negociación colectiva en el país.

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