Ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso propuso a los congresistas ponentes en cinco denunciados constitucionales contra parlamentarios por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. El problema fue que no todos los integrantes de esta comisión estuvieron dispuestos a aceptar la responsabilidad.
Cuando la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, propuso que su colega de Fuerza Popular (FP) Patricia Juárez sea la ponente en la denuncia contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) Rosio Torres, la fujimorista se rehusó a aceptar.
“Por razones de tiempo voy a declinar de ese encargo”, manifestó Juárez. La congresista Camones no tuvo más alternativa que dejar este tema como pendiente hasta que algunos de sus colegas se animen a ser delegados en esta investigación.
Dicha situación también se repitió cuando Camones encomendó al parlamentario de Perú Libre Segundo Montalvo la denuncia contra la congresista de Unidad y Diálogo Katy Ugarte, sindicada como ‘mochasueldo’.
El perulibrista no aceptó la delegación. “Agradezco la consideración, pero por la recarga, llevo seis comisiones. Aparte de eso, estoy en la Comisión Permanente y en la Subcomisión. Yo le agradezco, de repente podría darle a otro congresista (el caso)”, expresó Montalvo.
Era la segunda vez, durante la sesión, que un integrante de la Subcomisión se negaba a ser ponente en los procesos contra los presuntos ‘mochasueldos’. Esto incomodó a Camones.
Patricia Juárez se negó. Foto: difusión
“Nosotros tenemos una recargada labor y muchos expedientes, y necesitamos en realidad continuar con todo el trabajo que tiene esta Subcomisión y les vamos a solicitar que tengan a bien aceptar las propuestas que se le hacen”, invocó la presidenta de la Subcomisión.
Agregó: “Cuando nosotros delegamos los casos, no es que dejemos solos a los congresistas, damos un apoyo técnico de parte del equipo de la Subcomisión, que trabaja de manera coordinada con sus equipos”.
Camones expresó que entiende que “por el momento, algunos congresistas tengan su labor recargada, pero también hay que tener en consideración que el trabajo de la Subcomisión es bastante importante y que requiere de nuestro máximo esfuerzo”.
Segundo Montalvo se excusó. Foto: difusión
Cuatro ponentes designados
Hasta ese momento, las denuncias contra Torres y Ugarte no tenían ponentes para la elaboración del informe final.
Entonces, la congresista de APP Edith Julón ofreció encargarse de la denuncia constitucional contra Ugarte. Esta solución fue saludada por Camones.
Pero aún quedaba pendiente designar un delegado en el proceso contra Torres. Al término de la sesión, ningún integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ofreció a tomar este caso.
La República le preguntó a Juárez cuáles son sus razones de no haber aceptado ser ponente en la acusación contra Torres. “Razones de tiempo, tengo nueve comisiones (entre cinco ordinarias), presido la Subcomisión de Control de Actos Normativos, integro la SAC, Consejo Directivo y Comisión Permanente. Resulta complicado atender esa delegatura”, respondió.
Este diario insistió y le consultó si considera que los denunciados por recorte de sueldo deben ser destituidos. Al cierre de esta nota, no respondió dicha interrogante.
En los demás procesos contra las congresistas Heydi Juárez, de Podemos Perú; Magaly Ruiz, de APP; y María Acuña, de APP, quienes también son sindicadas por recorte de sueldo, sí quedaron definidos los ponentes.
Los ponentes y los denunciados, estos son los funcionarios implicados en el caso. Foto: difusión
La parlamentaria del Bloque Magisterial Elizabeth Medina se hará cargo del caso de Ruiz. Mientras que el vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, hará lo mismo con la denuncia contra Juárez y su compañero de bancada Juan Carlos Lizarzaburu es el ponente de la acusación contra Acuña.
La incógnita, por ahora, es quién se hará responsable del antejuicio político de Torres. Fuentes del Congreso alertan que la mayoría de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones no quieren tomar las riendas de esa indagación.
Mientras no existe ponente, no habrá informe final que acuse a la apepista Torres. En la legislatura pasada, la congresista fue blindada por el mismo caso en la Comisión de Ética. ¿Se repetirá la historia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
La importancia de un delegado en la SAC
Los congresistas delegados en las denuncias constitucionales son los encargados de elaborar los informes finales que recomiendan los delitos por los que se debe acusar a sus homólogos y también las sanciones a aplicar si el proceso incluye un juicio político.
En las denuncias por recorte de sueldo serán cruciales los informes finales que presenten los ponentes porque, de acuerdo a eso, el Parlamento podrá formalizar la acusación o archivarla. En caso de aprobarse, la Fiscalía de la Nación podrá formalizar una investigación.
Debido a que los legisladores son altos funcionarios, gozan del antejuicio político. Por eso, antes de que la Fiscalía los acuse, el Congreso debe revisar el caso.
El excongresista Michael Urtecho fue sentenciado a 22 años de prisión también por recorte de sueldo.
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