El congresista por Puno, Óscar Zea Choquechambi del Bloque Magisterial, vuelve a estar en el centro de atención debido a la presentación de un controvertido proyecto de ley. Esta iniciativa busca introducir nuevas causales para la destitución de alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros regionales.
El proyecto propone modificar el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades n.º 27972. Las nuevas razones para destituir a un alcalde o regidor serían la falta injustificada en la segunda convocatoria de las comisiones ordinarias del Congreso de la República. Además, se incluiría la negativa a implementar las recomendaciones contenidas en los informes de la Contraloría General de la República o de la auditoría interna, cuando se haya constatado daño económico a la entidad municipal, dentro de los plazos establecidos en dichos informes.
En cuanto al desafuero de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, se aplicarían las mismas causales propuestas para las autoridades municipales. El legislador niega que su intención sea obtener un control absoluto sobre el aparato estatal; por el contrario, afirma que busca fortalecer los mecanismos de fiscalización. El proyecto será debatido en la comisión de Constitución en los próximos días.
Zea Choquechambi argumenta que esta iniciativa surge debido a que las autoridades subnacionales involucradas en investigaciones por corrupción, omisiones o mala gestión son «protegidas» por el consejo municipal o regional. A menudo, no se convocan sesiones para tratar su destitución, ya que la mayoría pertenece al oficialismo.
El congresista también menciona que está considerando presentar otra iniciativa para destituir a los congresistas, pero sugiere que esto debería llevarse a cabo a través de un referéndum y aplicarse solo al 30% de los parlamentarios más cuestionados. Además, señala que no se puede dejar al país sin representación legislativa.
Sin embargo, para el especialista en temas municipales y electorales, Edgar Vilca Cruz, el proyecto de Óscar Zea es inadecuado, ya que ya existen mecanismos para llevar a cabo estos procesos de destitución. En caso de no tratarse en las sesiones, podría dar lugar a denuncias por omisión de funciones. Vilca Cruz sostiene que esta propuesta no contribuye a una mejor fiscalización y que su único propósito es político, destinado a desviar la atención de asuntos que realmente requieren investigación por parte del Congreso.
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