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Política

Libertad de prensa en peligro: gremios periodísticos insisten al Congreso en retiro de norma

Asociaciones periodísticas nacionales coinciden en que pedido de facultades del Gobierno busca amedrentar a la prensa.

Bajo ataque. Existen más de 200 casos de agresiones contra periodistas, según la ANP. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Máxima alerta por amenazas a la libertad de expresión y de prensa. Los gremios de prensa más representativos del Perú coinciden en que existen graves riesgos para la democracia y el ejercicio libre de la prensa.

Esta posición unánime se da ante la posible aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno al Congreso, que pretende modificar el Código Penal criminalizando la labor periodística.

Esta decisión se llevaría a cabo en el próximo pleno, el día jueves 21 de setiembre, a pesar de las críticas que ha recibido dicha modificatoria en el ámbito nacional e internacional.

Según la Comisión de Constitución del Parlamento, al incorporar una precisión a la norma, se habría colocado un supuesto candado para garantizar la libertad de expresión.

El texto sustitutorio del dictamen añade que se insiste en la modificatoria “sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento”.

Al respecto, los gremios han manifestado que se trataría de un engaño, ya que abriría las puertas al inicio de procesos penales contra los periodistas generando así una censura encubierta.

Rotundo rechazo

La República conversó con los representantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)para consultar sus posiciones gremiales ante la insistencia del Gobierno y Congreso para aprobar dicha modificatoria.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del CPP, advirtió que el texto sustitutorio permitiría que se abran procesos penales contra periodistas. “Como está el texto, se abre la puerta para que se pueda procesar a cualquier comunicador por supuestamente instigar a disturbios”, señaló Salazar Zimmermann.

Por otro lado, Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS, alertó de que lo que se buscaría es flexibilizar la norma existente que penaliza la instigación a disturbios para poder sancionar a periodistas que legítimamente informen sobre manifestaciones y/o que convoquen a marchas que no agradarían al poder de turno.

“Esta modificatoria es absolutamente inconstitucional. El Congreso ha reconocido que existe un problema en el pedido del Ejecutivo sin revocarlo”, puntualizó Pereira.

Asimismo, Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, observó que hay una persistencia en la incoherencia entre lo que se dice y se hace por parte del Gobierno y el Congreso.

“El supuesto candado añadido por el Congreso es un maquillaje que pretender limitar el ejercicio libre de la prensa. Lo que realmente quieren es acotar al máximo la posibilidad de informar sobre las movilizaciones sociales en el país”, añadió.

Amenaza

Persisten. Pedido del Gobierno de Dina Boluarte incluye sancionar a comunicadores “que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas” tratándolos como instigadores del delito de disturbio.

Reacciones

Zuliana Lainez, ANP

“Hay un pedido concreto: retirar —en ese extremo— la criminalización a comunicadores del pedido de facultades. No hacerlo implicaría coartar a la prensa peruana”.

Rodrigo Salazar Z., CPP

“Si realmente el Gobierno no tuviera intenciones de afectar a la prensa, hubiese retirado la propuesta. Como está, permitirá a jueces aplicar arbitrariamente la ley”.

Roberto Pereira, IPYS

“Esta figura duplicaría la interpretación de la ley por parte de los operadores jurídicos. Este nuevo espacio permitiría que se planteen denuncias contra periodistas”.

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