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Política

Sistema de derechos humanos en la mira

Retroceso. Cinco proyectos de ley se han presentado en el Parlamento contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que apuntan a que los peruanos perdamos esta protección internacional. Las consecuencias serían graves, según advierten especialistas.

Propuesta. Montalvo (Perú Libre), López (Acción Popular), Montoya (Renovación Popular), Amuruz (Avanza País) y Soto (Acción Popular) son los autores principales de las iniciativas. Foto: composiciónLR

Con cinco proyectos, congresistas de varios grupos intentan que los peruanos perdamos la protección internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los autores principales integran las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular.

Casi todas las propuestas apuntan a que el Perú se retire de este sistema de protección de derechos. Antes han salido solo Venezuela y Nicaragua, países con regímenes autoritarios, con graves perjuicios para sus ciudadanos.

El parlamentario Segundo Montalvo, de Perú Libre, fue el primero. En noviembre del año pasado, presentó un proyecto de ley que plantea que el Estado peruano denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, para restablecer la pena de muerte en nuestro país. Varios legisladores de su grupo y otras bancadas, como Acción Popular y Podemos Perú suscribieron esta propuesta.

Esta iniciativa permanece en la Comisión de Constitución. Antes, la Comisión de Relaciones Exteriores consideró que debe archivarse.

En mayo último, el congresista Ilich López, entonces aún en la bancada de Acción Popular, entregó el proyecto de “ley que prohíbe que el Estado peruano mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Lo secundaron otros acciopopulistas.

 Intención. En varias bancadas crece vocación contra protección de los derechos humanos. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Intención. En varias bancadas crece vocación contra protección de los derechos humanos. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Esta iniciativa todavía espera que emita opinión la Comisión de Relaciones Exteriores.

En junio de este año, el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, dio un proyecto de ley también para denunciar la Convención Americana.

Otros miembros de su bancada suscribieron este documento.

Esta propuesta se mantiene en las comisiones de Constitución y Relaciones Exteriores.

Ese mismo mes, la congresista Rosselli Amuruz, de Avanza País, presentó un proyecto que “propone normar el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, con el respaldo en rúbrica de la mayoría de sus compañeros de bancada.

También está en Constitución y Relaciones Exteriores.

Amuruz luego ha planteado que el Gobierno considere dejar de pagar a la OEA para el sistema de derechos humanos.

En julio pasado, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, con un proyecto, planteó “declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Otros acciopopulistas secundaron este intento.

La propuesta también espera en la comisiones de Constitución y Relaciones Exteriores.

Reflexiones

“La denuncia del Pacto de San José tendría consecuencias gravísimas no solo para el Estado peruano, colocándonos a nivel de países que no desean supervisión en derechos humanos. Hay concepción errada de que se vulnera la soberanía al someterse a una corte interamericana cuando es en ejercicio de la soberanía que el Perú acepta ser objeto de control. Soberanía no es hacer lo que me da la gana sino también aceptar ser objeto de control”, dice el abogado constitucionalista Alberto Cruces, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal advierte: “Están pidiendo que el Perú salga de la Convención cuando el Gobierno tiene decenas de ejecuciones extrajudiciales y se violan derechos humanos básicos en medio de la crisis como la protesta. Varios crímenes contra líderes indígenas están impunes y operadores de justicia como el juez Jorge Salas, el fiscal José Domingo Pérez recurren al sistema internacional de justicia al igual que periodistas. Los problemas de seguridad ciudadana no se resuelven con pena de muerte. Salir del sistema es estar de acuerdo con la impunidad e indefensión de los peruanos”.

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 Intención. En varias bancadas crece vocación contra protección de los derechos humanos. Foto: Antonio Melgarejo/La República
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